El bloque de Proyecto Sur, que preside Fernando “Pino” Solanas, no se mueve de su posición: no se sumará a una eventual autoconvocatoria del Congreso si la oposición no acepta discutir la legitimidad de la deuda externa. Mientras la centroderecha busca alternativas legales para voltear en el recinto el DNU del Fondo del Bicentenario -el que despide a Martín Redrado concita dudas- sin cuestionar el pago de las obligaciones, el interbloque de Proyecto Sur ratificó que no contribuirá al quórum si no se debate allí el fondo más que las formas: la denuncia de la deuda que haya sido contraída de manera fraudulenta o ilegítima.
“No hay ningún argumento para que no se abra una auditoría definitivamente de esa deuda y se pueda determinar qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Por eso no vamos a acompañar ninguna autoconvocatoria, nada”, avisó Pino. “Si se trata de una sesión extraordinaria en el marco de los DNU, nosotros vamos a ir. Pero no vamos a ser parte de una autoconvocatoria si no se incluye algo más que los decretos”, refrendó Claudio Lozano en diálogo con Críticadigital.
La jugada de Solanas es, más allá de su posible viabilidad, estratégicamente hábil. Con una sola movida dejó en evidencia a los más importantes dirigentes de la oposición –muchos de ellos presidenciables- plantándoles en la agenda un tema delicado. Ninguno de ellos se atreve a blanquear que, en sus planes, no figuraba en absoluto la idea de revisar la legitimidad de la deuda externa. Hasta el socialismo, un posible aliado de Pino, queda en offside y corrido “por izquierda”, ya que admite cierta correspondencia ideológica con la idea de auditar la deuda pero patea la pelota hablando de los riesgos de discutir eso en este contexto político y ante la necesidad de atender otras urgencias.
Lo cierto es que este posicionamiento de Proyecto Sur preocupa y mucho a la oposición, que busca desesperadamente anular el DNU Bicentenario y recién ahí avanzar en otros “mecanismos” para cumplir con los pagos. Esos “mecanismos” son los que disparan la prevención de Pino y compañía. No quieren que se canjee el uso de reservas por mayor ajuste en el gasto público. “No queremos tratar sólo los DNU, dejando abierto que el tratamiento de la deuda sea incluso peor”, resumió Lozano como vocero del bloque.
El temor en el bloque duro de la oposición es, más allá de que aún esperan que Cristina Kirchner convoque a sesiones extraordinarias, que si al final desnudan mecanismos reglamentarios para autoconvocarse, Proyecto Sur les trabe el quórum. “Tendrán que aceptar con responsabilidad lo que van a decirle a su propio electorado, si por no atacar el tema de fondo van a dar vía libre al saqueo de las reservas”, avisó de antemano la radical Silvana Giúdici, consultada por este medio.
En definitiva, el asunto se dirime en términos numéricos. Solanas y sus aliados suman unos 11 diputados y en la oposición cuentan como no oficialistas unas 143 bancas –las que votaron unificadas en la sesión dónde se eligieron las autoridades parlamentarias-. Así, sin estos 11, podriár quedar con 132 bancas -apenas cuatro más que la "llave" de 129-. Una holgura muy estrecha que podría ponerlos al borde del fracaso, teniendo en cuenta que muchos legisladores están de vacaciones y muchos posibles ausentes, como suele suceder.
Las trabas son tan graves que la fecha de una sesión para tratar los DNU planteada para el 20 de enero, deseo que habían soltado desde el PRO y el propio Francisco De Narváez, ya se cayó. Desde otro bloque que transita los grises entre los K y los anti K, como es el socialismo, dijeron a Críticadigital que esa posibilidad está descartada. Hablan de lo importante que será la primera semana de febrero para allanar canales de diálogo con la centroizquierda. Incluso antes que insistir en una convocatoria consensuada con el kirchnerismo. Si arriman, en esos días avanzarían a paso pesado con la autoconvocatoria.
El endurecimiento de Proyecto Sur bloquea a su vez los deseos de desdoblar que, por ejemplo, plantean desde la UCR. ¿Qué es esto? Según voceros del centenario partido, la lectura es que los diputados y senadores pueden autoconvocarse para emitir una “resolución” sobre los DNU, porque en ese caso el otro poder –el Ejecutivo- ya se pronunció con la firma misma de los decretos. En cambio, sí necesitan el llamado presidencial para ir por la cuestión de fondo: un proyecto de ley que establezca los “mecanismos” para avanzar con el pago, los mismos que miran con profunda desconfianza desde la centroizquierda. “Lo que queremos es que Cristina habilite tratar el tema de la deuda con una ley. Que sea una pronunciación no de un gobierno, sino de un Estado”, resumen su posición a este medio.
Giudici, por su parte, asegura que la UCR “no escapa a ningún debate”, en respuesta a la posición de Proyecto Sur, sino que “es el oficialismo el que elude el Congreso con maniobras como los DNU para apropiarse de las reservas”.
Margarita Stolbizer fue una de las pocas en dejar en claro su rechazo a la discusión de la legitimidad: "Si el Congreso ya votó las partidas para pagar la deuda (cuando se debatió el Presupuesto nacional) eso es un retroceso y un desconocimiento de la legitimidad que tiene la decisión del Congreso en la asignación de los recursos". Claro como el agua.
Para Roy Cortina, diputado socialista, su partido puede “suscribir” la posición en cuanto a la legitimidad de la deuda, pero teme que esta discusión sea usada “como una excusa para no discutir ningún tema más urgente”, se confiesa ante Críticadigital. Aunque encuentra un punto en común con Solanas y Lozano a la hora de leer a la oposición: “Hay sectores que hubieran sido felices de que esto pase al Congreso para negociar con el oficialismo pero que coinciden en la cuestión de fondo”.
Lozano reclama que las reservas, en lugar de para crear “confianza” en los acreedores, se usen para un Fondo de Desarrollo. Esto y la auditoría urgente sobre la deuda es la exigencia que plantea Proyecto Sur para acompañar la autoconvocatoria. Pero el amplio abanico ideológico que conforma a la oposición, que se traslucen en las diferentes lecturas sobre la legitimidad de la deuda, hace que pensar en una recinto con todos ellos se asemeje a una mesa con perros y gatos.
“No hay ningún argumento para que no se abra una auditoría definitivamente de esa deuda y se pueda determinar qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Por eso no vamos a acompañar ninguna autoconvocatoria, nada”, avisó Pino. “Si se trata de una sesión extraordinaria en el marco de los DNU, nosotros vamos a ir. Pero no vamos a ser parte de una autoconvocatoria si no se incluye algo más que los decretos”, refrendó Claudio Lozano en diálogo con Críticadigital.
La jugada de Solanas es, más allá de su posible viabilidad, estratégicamente hábil. Con una sola movida dejó en evidencia a los más importantes dirigentes de la oposición –muchos de ellos presidenciables- plantándoles en la agenda un tema delicado. Ninguno de ellos se atreve a blanquear que, en sus planes, no figuraba en absoluto la idea de revisar la legitimidad de la deuda externa. Hasta el socialismo, un posible aliado de Pino, queda en offside y corrido “por izquierda”, ya que admite cierta correspondencia ideológica con la idea de auditar la deuda pero patea la pelota hablando de los riesgos de discutir eso en este contexto político y ante la necesidad de atender otras urgencias.
Lo cierto es que este posicionamiento de Proyecto Sur preocupa y mucho a la oposición, que busca desesperadamente anular el DNU Bicentenario y recién ahí avanzar en otros “mecanismos” para cumplir con los pagos. Esos “mecanismos” son los que disparan la prevención de Pino y compañía. No quieren que se canjee el uso de reservas por mayor ajuste en el gasto público. “No queremos tratar sólo los DNU, dejando abierto que el tratamiento de la deuda sea incluso peor”, resumió Lozano como vocero del bloque.
El temor en el bloque duro de la oposición es, más allá de que aún esperan que Cristina Kirchner convoque a sesiones extraordinarias, que si al final desnudan mecanismos reglamentarios para autoconvocarse, Proyecto Sur les trabe el quórum. “Tendrán que aceptar con responsabilidad lo que van a decirle a su propio electorado, si por no atacar el tema de fondo van a dar vía libre al saqueo de las reservas”, avisó de antemano la radical Silvana Giúdici, consultada por este medio.
En definitiva, el asunto se dirime en términos numéricos. Solanas y sus aliados suman unos 11 diputados y en la oposición cuentan como no oficialistas unas 143 bancas –las que votaron unificadas en la sesión dónde se eligieron las autoridades parlamentarias-. Así, sin estos 11, podriár quedar con 132 bancas -apenas cuatro más que la "llave" de 129-. Una holgura muy estrecha que podría ponerlos al borde del fracaso, teniendo en cuenta que muchos legisladores están de vacaciones y muchos posibles ausentes, como suele suceder.
Las trabas son tan graves que la fecha de una sesión para tratar los DNU planteada para el 20 de enero, deseo que habían soltado desde el PRO y el propio Francisco De Narváez, ya se cayó. Desde otro bloque que transita los grises entre los K y los anti K, como es el socialismo, dijeron a Críticadigital que esa posibilidad está descartada. Hablan de lo importante que será la primera semana de febrero para allanar canales de diálogo con la centroizquierda. Incluso antes que insistir en una convocatoria consensuada con el kirchnerismo. Si arriman, en esos días avanzarían a paso pesado con la autoconvocatoria.
El endurecimiento de Proyecto Sur bloquea a su vez los deseos de desdoblar que, por ejemplo, plantean desde la UCR. ¿Qué es esto? Según voceros del centenario partido, la lectura es que los diputados y senadores pueden autoconvocarse para emitir una “resolución” sobre los DNU, porque en ese caso el otro poder –el Ejecutivo- ya se pronunció con la firma misma de los decretos. En cambio, sí necesitan el llamado presidencial para ir por la cuestión de fondo: un proyecto de ley que establezca los “mecanismos” para avanzar con el pago, los mismos que miran con profunda desconfianza desde la centroizquierda. “Lo que queremos es que Cristina habilite tratar el tema de la deuda con una ley. Que sea una pronunciación no de un gobierno, sino de un Estado”, resumen su posición a este medio.
Giudici, por su parte, asegura que la UCR “no escapa a ningún debate”, en respuesta a la posición de Proyecto Sur, sino que “es el oficialismo el que elude el Congreso con maniobras como los DNU para apropiarse de las reservas”.
Margarita Stolbizer fue una de las pocas en dejar en claro su rechazo a la discusión de la legitimidad: "Si el Congreso ya votó las partidas para pagar la deuda (cuando se debatió el Presupuesto nacional) eso es un retroceso y un desconocimiento de la legitimidad que tiene la decisión del Congreso en la asignación de los recursos". Claro como el agua.
Para Roy Cortina, diputado socialista, su partido puede “suscribir” la posición en cuanto a la legitimidad de la deuda, pero teme que esta discusión sea usada “como una excusa para no discutir ningún tema más urgente”, se confiesa ante Críticadigital. Aunque encuentra un punto en común con Solanas y Lozano a la hora de leer a la oposición: “Hay sectores que hubieran sido felices de que esto pase al Congreso para negociar con el oficialismo pero que coinciden en la cuestión de fondo”.
Lozano reclama que las reservas, en lugar de para crear “confianza” en los acreedores, se usen para un Fondo de Desarrollo. Esto y la auditoría urgente sobre la deuda es la exigencia que plantea Proyecto Sur para acompañar la autoconvocatoria. Pero el amplio abanico ideológico que conforma a la oposición, que se traslucen en las diferentes lecturas sobre la legitimidad de la deuda, hace que pensar en una recinto con todos ellos se asemeje a una mesa con perros y gatos.
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